Tras semanas de un silencio muy medido sobre su equipo o sus planes de gobierno, Mariano Rajoy por fin nos desvela quiénes van a ser sus ministros, y qué tipo de cosas tienen pensadas hacer. Y tan importante es el qué como el cómo lo hizo, sin preguntas, anticipando su más que posible talante de Presidentísimo. Ese intencionado silencio, a la par que ser severamente antidemocrático, ha sido, sin duda alguna, intencionado: qué mejor ventaja que el dejar en la incertidumbre a la ciudadanía que va a sufrir sus recortes traídos -que no impuestos, ya que Rajoy los aplicará de buena gana- directamente desde Bruselas. Es obvio que Rajoy es consciente de que el 15M, aunque desaparecido de las plazas, sigue siendo un potencial peligro desestabilizador de su Gobierno. Los nuevos jugadores.
El anuncio de su equipo de ministros es tan solo una declaración de intenciones de lo que vendrá. Es más que presumible que Mariano Rajoy asuma la fe religiosa en las políticas de austeridad propuestas por Merkozy, y el nombrar un Ministro de Economía (Luis de Guindos) proveniente de Lehman Brothers no es más que la guinda del pastel.
Con echar una rápida ojeada a los nuevos ministros nos daremos cuenta que este Gobierno no tiene pinta de querer defender los interés de l@s de abajo.
Sin duda, los dos nombramientos más asombrosos por su descaro son Luis de Guindos y Pedro Morenés, dos tecnócratas que han ido dando saltos de la política a la empresa privada; aunque ellos argumentarán que sus agendas y su capital social granjeados gracias a sus anteriores cargos públicos no tuvieron nada que ver.
Pedro Morenés fue directivo de Instalaza S.A y MBDA hasta poco antes de su nombramiento, ambas empresas dedicadas a la venta de armamento, en concreto y entre otras muchas cosas bombas de racimo. El otro Luis de Guindos fue ex presidente de Lehman Brothers España, empresa que quebró debido a la crisis de las hipotecas subprime, quiebra que inició el efecto dominó que nos ha llevado al actual atolladero. Además, era hasta hoy consejero del Banco Mare Nostrum, de Unedisa y de Endesa. El nombramiento de Luis de Guindos es sin duda el ejemplo paradigmático de que quienes provocaron la crisis ahora intentan darnos soluciones, algo así como apagar fuegos con gasolina.
También son notables las ausencias, como por ejemplo la secretaría de vivienda, la cual Rajoy ha eliminado totalmente. En un país en el que se producen casi 43.000 desahucios al año, habiendo a la vez más de 3.400.000 viviendas vacías, es un error garrafal obviar la problemática de la vivienda. Estas cifras, que se pueden traducir en ‘gente sin casa, casas sin gente’, son el resultado de dejar a merced de los mercados y de los especuladores lo que debería ser un derecho básico, exactamente lo que está haciendo Rajoy al eliminar vivienda del Consejo de Ministros y recuperar la deducción de impuestos por la compra de viviendas en vez de fomentar el alquiler.
Lo que está por venir.
Rajoy nos ha presentado ya un esbozo de su hoja de ruta, y en ella no está prevista una salida a la crisis que no suponga un recorte de derechos para las mayorías sociales. Lo que sí está previsto son recortes, los llamen ajustes o los llamen reformas, nosotr@s sabemos lo que son y llamaremos a las cosas por su nombre. Estos recortes que tienen como objetivo tácito generalizar la precariedad como forma de vida, encontrarán confrontación en la calle. Y a pesar de los avisos del nuevo Ministro de Interior Fernández Diez[2] seguiremos tomando la calle porque nuestras demandas no están siendo, ni siquiera, escuchadas. Hará falta recordarle al Ministro que la desobediencia civil no-violenta ha sido siempre un recurso de l@s de abajo, los que no tenemos poder decisorio, para ser escuchad@s; y que cuando la desobediencia es masiva se transforma en imposición democrática.
El actual pacto social por el cual los gobernados obedecemos a cambio del reconocimiento de una serie de derechos se abolió el pasado mes de agosto cuando los dos partidos mayoritarios, de espaldas a la ciudadanía y arrodillados frente a la troika, sacaron adelante una reforma constitucional que establece (art. 135) que se deberá pagar antes a los acreedores privados que los mismos servicios públicos que debe garantizar el Estado. Esto supone que si el Estado tiene que decidir entre pagar a sus deudores o, por ejemplo, las pensiones o los subsidios del paro, la Constitución le obliga a pagar a los primeros. Si tenemos en cuenta además el hecho de que los jóvenes de este país, que ahora ven cómo se les roba el futuro, no han votado la Constitución, entonces se hace imprescindible construir nuevos consensos alternativos, caminando hacia una refundación del país que, aunque puede verse lejana, es necesaria. Estos nuevos consensos deben girar en torno a los derechos sociales que desde el 15M están encima de la mesa: una democracia más transparente y con mecanismos reales de control por parte de la ciudadanía, acceso a una vivienda digna, unos ingresos garantizados, una educación pública de calidad, una sanidad al servicio del paciente y no de la acumulación privada, etc…Las grandes decisiones que afectan a la vida de millones de personas no pueden ser desterradas del debate público, y presentadas como únicas decisiones posibles. Negar el carácter político de la economía supone reducir al máximo las cuestiones sobre las cuales uno se puede pronunciar y proponer alternativas.
Pedro Morenés fue directivo de Instalaza S.A y MBDA hasta poco antes de su nombramiento, ambas empresas dedicadas a la venta de armamento, en concreto y entre otras muchas cosas bombas de racimo. El otro Luis de Guindos fue ex presidente de Lehman Brothers España, empresa que quebró debido a la crisis de las hipotecas subprime, quiebra que inició el efecto dominó que nos ha llevado al actual atolladero. Además, era hasta hoy consejero del Banco Mare Nostrum, de Unedisa y de Endesa. El nombramiento de Luis de Guindos es sin duda el ejemplo paradigmático de que quienes provocaron la crisis ahora intentan darnos soluciones, algo así como apagar fuegos con gasolina.
También son notables las ausencias, como por ejemplo la secretaría de vivienda, la cual Rajoy ha eliminado totalmente. En un país en el que se producen casi 43.000 desahucios al año, habiendo a la vez más de 3.400.000 viviendas vacías, es un error garrafal obviar la problemática de la vivienda. Estas cifras, que se pueden traducir en ‘gente sin casa, casas sin gente’, son el resultado de dejar a merced de los mercados y de los especuladores lo que debería ser un derecho básico, exactamente lo que está haciendo Rajoy al eliminar vivienda del Consejo de Ministros y recuperar la deducción de impuestos por la compra de viviendas en vez de fomentar el alquiler.
Lo que está por venir.
Rajoy nos ha presentado ya un esbozo de su hoja de ruta, y en ella no está prevista una salida a la crisis que no suponga un recorte de derechos para las mayorías sociales. Lo que sí está previsto son recortes, los llamen ajustes o los llamen reformas, nosotr@s sabemos lo que son y llamaremos a las cosas por su nombre. Estos recortes que tienen como objetivo tácito generalizar la precariedad como forma de vida, encontrarán confrontación en la calle. Y a pesar de los avisos del nuevo Ministro de Interior Fernández Diez[2] seguiremos tomando la calle porque nuestras demandas no están siendo, ni siquiera, escuchadas. Hará falta recordarle al Ministro que la desobediencia civil no-violenta ha sido siempre un recurso de l@s de abajo, los que no tenemos poder decisorio, para ser escuchad@s; y que cuando la desobediencia es masiva se transforma en imposición democrática.
El actual pacto social por el cual los gobernados obedecemos a cambio del reconocimiento de una serie de derechos se abolió el pasado mes de agosto cuando los dos partidos mayoritarios, de espaldas a la ciudadanía y arrodillados frente a la troika, sacaron adelante una reforma constitucional que establece (art. 135) que se deberá pagar antes a los acreedores privados que los mismos servicios públicos que debe garantizar el Estado. Esto supone que si el Estado tiene que decidir entre pagar a sus deudores o, por ejemplo, las pensiones o los subsidios del paro, la Constitución le obliga a pagar a los primeros. Si tenemos en cuenta además el hecho de que los jóvenes de este país, que ahora ven cómo se les roba el futuro, no han votado la Constitución, entonces se hace imprescindible construir nuevos consensos alternativos, caminando hacia una refundación del país que, aunque puede verse lejana, es necesaria. Estos nuevos consensos deben girar en torno a los derechos sociales que desde el 15M están encima de la mesa: una democracia más transparente y con mecanismos reales de control por parte de la ciudadanía, acceso a una vivienda digna, unos ingresos garantizados, una educación pública de calidad, una sanidad al servicio del paciente y no de la acumulación privada, etc…Las grandes decisiones que afectan a la vida de millones de personas no pueden ser desterradas del debate público, y presentadas como únicas decisiones posibles. Negar el carácter político de la economía supone reducir al máximo las cuestiones sobre las cuales uno se puede pronunciar y proponer alternativas.
La lucha sigue…
Se esforzarán por decirnos que sus planes suponen un salida igualitaria a la crisis, nosotr@s sabemos que no es cierto, que su plan es socializar los costes de esta crisis cuando en realidad nunca tuvimos derecho a los beneficios. También se esforzarán en decirnos que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que ahora nos toca pagar el pato, pero nosotr@s sabemos que eso nunca ocurrió, que quienes vivieron por encima de sus posibilidades fueron los directivos de cajas y bancos, las inmobiliarias, e incluso los políticos que con total complicidad dejaron vía libre para acumular millones a costa de especular con un derecho fundamental como la vivienda. Ahora más que nunca es necesario recuperar la soberanía popular que la clase política a arrojado a los pies de las élites financieras poniendo a su servicio las instituciones públicas que deberían estar al servicio de todos. Si este estado de cosas es a lo que se refiere el Ministro de Interior cuando dice que hay que mantener la “paz social”, entonces sin duda alguna la democracia solo resurgirá del conflicto social. L@s de abajo estamos más alerta que nunca, porque hemos entendido que la política no es sólo depositar un voto cada 4 años, que el poder no está sólo en las instituciones, y que la democracia sin derechos está vacía de contenido.
[1] Calculado para una vivienda de 60 m2. Precio medio por metro cuadrado: 7,8€. Fuente: Informe de la Vivienda en Alquiler en España Primer trimestre de 2011 Fotocasa.es
[2] El ministro del Interior advierte a los indignados del 15M de que no dejará que tomen la calle. (elconfidencial.com)
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