Esta
serie de textos están escritos en género femenino dado que
entendemos que de esta forma, si bien no respetamos las normas
gramaticales, ayudamos a visibilizar un sistema, el patriarcado, por
el cual la mitad de la población se encuentra en una situación de
discriminación. Pese a ello sabemos que este texto no sólo afecta a
precarias y trabajadoras del género femenino (ya remarcaremos donde
incide la reforma en su sentido patriarcal) si a todo el conjunto.
Por ello queremos que este minúsculo gesto ayude a difundir la lucha
feminista. (Postura
oficial de JSF)
En este segundo texto
revisaremos el primer capítulo de Real
Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, el cual consta de
3 artículos. Como podemos observar, el título de este capítulo
(“Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores”)
es un ejemplo de la voluntad del Gobierno de culpar a las
trabajadoras de no ser capaces de ser empleables en un mercado
global. Este capítulo lejos de enfocarse sólo en las trabajadoras,
como pueda parecer por el título, tiene referencias a 2 sujetos
diversos: las ETTs y el empresario-formador. De esta manera la
empleabilidad de la trabajadora es una cosa externa y se
caracterizará por su capacidad de adaptación como se resume en la
parte 3 del texto.
Primera parte: Las
ETTs como organizadoras del paro
El
primer artículo reforma tres leyes: El Estatuto
de los trabajadores,
la Ley
que regula las ETTs (Ley 14/1994, de 1 de Julio)
y la Ley
de Empleo (Ley 56/2003).
Partiendo de una justificación clásica para el neoliberalismo, se
establece que el Servicio Público de Empleo ha sido incapaz de
generar nuevos puestos de trabajo, para el Gobierno esto se debe
esencialmente a su poca implantación y a ser un elemento externo a
la relación laboral. Como bien marca el mantra neoliberal, lo
público es ineficiente por su extrañeza respecto a la naturaleza
del mercado, en este caso sin tener en cuenta el boikot empresarial
hacia el empleo en los últimos años, ni las causas de la crisis, ni
la práctica desaparición del mercado inmobiliario y con él sus
empleos.
Dada
esta extrañeza se debe buscar un elemento que sea mercantil y que
tenga una gran solvencia y eficacia en el sector. Por ello se acude a
las ETTs, las cuales son elegidas por su alta implantación en el
territorio (curioso dato que se justifica gracias a la alta tasa de
temporalidad española, que a la vez es uno de los problemas que
señala el gobierno para llevar a cabo la reforma) y su experiencia
en el sector del empleo (Para este tema se olvidan del objetivo del
empleo indefinido sobre el temporal).
Por
si este argumento no nos parece suficiente, en la
exposición de motivos, este cambio sobre las funciones de las ETTs
se determina como necesario dado que “En
la mayoría de los países de la Unión Europea, tales empresas
operan como agencias de colocación y desde las instituciones
comunitarias se viene subrayando que las mismas contribuyen a la
creación de puestos de trabajo y a la participación e inserción de
trabajadores en el mercado de trabajo”.
La duda que se nos plantea es ¿En qué países? ¿Qué
instituciones? Porque la verdad estaría bien saber si entre los
países está Alemania con trabajos de 2€ la hora
y si entre las instituciones están aquellas que están ahogando a
los europeos bajo normas de austeridad para los más y beneficios
para los menos. Pero, al fin y al cabo, esto no es más que la
enésima utilización del mito europeo, en un país como España que
sigue con un síndrome de inferioridad.
Lo
que nos importa es qué significa que las Empresas de Trabajo
Temporal tengan la función de agencias de colocación. Lo primero
que rompe una de las normas claves sobre las ETTs, la cual establecía
que una ETT sólo puede ser esto, no puede tener otra función que la
de ceder trabajadoras a empresas. Esto era una garantía esencial, la
cual hace que, pese a la existencia de estas sedes de precariedad,
las trabajadoras tengan la seguridad de que no responden ante otros
intereses.
Con
la introducción de la función de agencias de colocación privadas
se abre la puerta a que todas las normas respecto a la obtención del
subsidio, el cual es condicionado a la aceptación de ofertas de
empleo, se apliquen por ETTs. Las trabajadoras que reciban un
subsidio tendrán la obligación de no rechazar 3 empleos ofrecidos
por la ETT, es decir que tienes 3 intentos para elegir que
precariedad te gusta más o perderás la asignación por la cual has
cedido parte de tu salario a la Seguridad Social mientras trabajabas.
El
funcionamiento interno de las ETTs pasará a organizarse con una
legislación dual, por un lado agencias de colocación y por el otro
la Ley de ETTs. Lo cual siendo pragmáticas es la misma actividad
pero tendrá diversas legislaciones y teniendo en cuenta que son
empresas privadas que buscan beneficios, lo que está claro (por pura
lógica mercantil y no porque sean gente malvada) es que actuarán
bajo una u otra según sea más beneficioso.
En
la gestión de las agencias de colocación, el Gobierno ha anulado el
artículo por el cual se determinaba cómo se procedía con la
autorización de estas agencias. Previamente, la autorización
administrativa se supeditaba al cumplimiento de una serie de
requisitos, en caso de no cumplirse o de que la administración no
respondiese la solicitud en tiempo (silencio administrativo) se
entendía que no se daba dicha autorización (silencio administrativo
negativo), ésto se organizó así como garantía a las trabajadoras
paradas, dado que era un procedimiento que garantizaba (por completo,
salvo error) el cumplimiento de los requisitos.
En la modificación,
este silencio administrativo se invierte para ser un silencio
administrativo positivo, es decir que una vez pasado el plazo para
contestar la solicitud sin que esto ocurra se entenderá la
autorización concedida y por lo tanto no se sabrá si tiene todos
los requisitos en regla, dado que puede que ni se haya estudiado el
caso.
Segunda
parte: Si no tienes estudios... aprendiz
El
artículo
11.2 del Estatuto de los Trabajadores
recoge un contrato denominado de formación y aprendizaje (a partir
de ahora nos referiremos a él como contrato de formación). Este
contrato se dirige a todas aquellas personas que no disponiendo de
una cualificación reglada (títulos de universidades, FP o
similares) son contratadas para adquirir competencias profesionales.
La reforma, tal como indica la exposición de motivos, busca eliminar
“limitaciones injustificadas” en su regulación, en esta parte
veremos cuáles son, siempre en opinión del Gobierno, y si está
justificada dicha eliminación.
En
el modelo antiguo este contrato tenía una duración que iba desde el
año a los dos años, lo cual mediante convenio colectivo podía ser
ampliado hasta los 3 años siempre que se debiera a necesidades de la
trabajadora, necesidades productivas y organizativas de la empresa o
que se aplicase a aquellas trabajadoras que no tuvieran el título de
la ESO.
La nueva reforma establece que la duración sea de un años a
3 años y que por convenio se pueda bajar hasta 6 meses, en principio
esto puede parecer una medida en favor de contratos temporales más
asequibles y que se trasformarán en indefinidos... Pero, cuando
vemos los motivos por los que se puede regular por convenio la
duración, descubrimos, como iremos descubriendo varias veces, el
espíritu de la reforma. Desaparece toda necesidad de la trabajadora,
sea en concreto o en abstracto (lo del título de la ESO) y sólo se
podrá modificar la duración por necesidades productivas u
organizativas de la empresa; lo cual significa, ni más ni menos, que
este contrato es una herramienta empresarial y en ningún caso una
herramienta para formar trabajadores.
Este
contrato está supeditado a la realización de formación teórica.
En el modelo anterior esta formación se impartía en centros
formales de enseñanza, pero en la reforma se abre la posibilidad de
que esta formación, si se cuenta con los medios, se dé dentro de la
empresa. Estos requisitos aun no están determinados, pues deberá
hacerse un reglamento al respecto por el Ministerio. Otra de las
cosas que se dejan para desarrollar a posteriori es cómo se
financiará dicha formación, dejando en el aire si será el Estado o
las empresas, es decir, si pagamos todos la formación dada por
empresas o serán ellas mismas las que se encarguen (En la reforma se
regula que cabe la formación mixta centro de estudios-empresa).
La
regulación de este contrato expone además los porcentajes máximos
de trabajo-formación. En el anterior contrato de formación existía
un absoluto de 75% trabajo y 25% formación (el cual puede aumentar
para la formación), pero ahora se establece este mínimo sólo el
primer año, los dos siguientes la proporción pasa a ser 85%-15%. Se
entiende que la trabajadora a partir del segundo año ya puede entrar
en el mercado productivo de la empresa con mayor importancia y la
formación vuelve a quedar relegada al segundo plano.
Por
último, se ha eliminado una previsión que establecía que cuando la
trabajadora no tuviera el título de la ESO la formación, en primer
lugar, tenía que ir encaminada a su obtención. Esto respondía a la
necesidad de la sociedad en que todos sus miembros deberían alcanzar
unas cuotas de formación mínima. En la reforma se elimina por ser
una “limitación injustificada”.
La
reforma de este contrato ha roto la lógica previa del mismo y nos
sitúa en un modelo pre-moderno de relación laboral. La trabajadora
sin formación, sólo puede aspirar a ser aprendiz de su empresa, un
destino que no le permitirá obtener las herramientas básicas (que
más básico que la ESO) para poder elegir, en un futuro, un cambio
de empleo. Destruye el imaginario colectivo sobre la necesidad
universal de recibir una formación mínima que permita desarrollar,
no sólo capacidades profesionales, si no también la personalidad en
si. Además, esta reforma habrá que observarla junto a la reforma
educativa que pretende, en base a las declaraciones del Ministro,
dividir a los alumnos en buenos, regulares y malos. Gracias a esta
reforma ya sabemos los que les espera a los malos: ser aprendices al
estilo Lazarillo de Tormes; modelo en el cual el empresario orienta
todo el conocimiento y reduce al máximo la importancia de la
formación teórica.
Y
por si la situación no parece demasiado buena para los empresarios,
estos contratos vendrán subvencionados con ventajas fiscales
simplemente por hacerlo y también por trasformarlo en indefinido,
porque al fin y al cabo una buen aprendiz es para toda la vida
Parte
3: El nuevo mantra de la formación
La
última parte de este capítulo se la dedicaremos a la tan cacareada
reforma del modelo de formación profesional. El Gobierno nos anuncia
que por fin la formación profesional es un derecho individual del
trabajador.
Esto
significa que la formación a partir de ahora contará como tiempo
efectivo de trabajo y que aquellas trabajadoras que alcancen al menos
un año de antigüedad, ya veremos cómo no será tan fácil este
reto, dispondrán de 20 horas anuales destinadas a la formación, las
cuales pueden acumularse durante 3 años. El requisito de esta
formación es que se asocie a la actividad desarrollada en el empleo.
En
los momentos cumbres de la revolución industrial los empresarios, de
buena voluntad, decidieron ofrecer a sus empleadas sitios donde vivir
y economatos donde comprar, sin que su objetivo fuese disciplinar la
vida de las empleadas más allá de la fábrica (modo ironía ON).
Hoy, esta reforma busca que las trabajadoras dirijan sus inquietudes
hacía las actividades propuestas por la empresa, la cual les dejará
hacerlo en horario de trabajo; es curioso que estas medidas llegan
cuando el trabajo cognitivo tiene una mayor importancia dada la
economía basada en el sector servicios (economía del tipo de la de
España y en general de toda Europa).
Parece
que la reforma se encamina a limitar la capacidad de las trabajadoras
hacia la formación “más allá de la fábrica”. El cambio
estructural del trabajo manual al cognitivo fuerza al capital a
obtener trabajadoras con mayores capacidades intelectuales pero a su
vez estas capacidades rebosan la capacidad de control del capital,
esto ocurre por la cantidad de relaciones y canales de los que
disponemos a nuestro alcance, y de esta forma al igual que el
economato trataba de eliminar las conexiones personales entre
distintos obreros de distintas fábricas sin conseguirlo, la
formación empresarial lo tratará de hacer con las trabajadoras
intelectuales. De tal manera que este proyecto no deja de ser un
burdo intento de cercar, en lo productivo, las fuerzas culturales que
hoy se despliegan por la sociedad: Mass media, grandes ciudades,
cultura de masas y, sobre todo, internet.
Además,
en este control del intelecto productivo, el Estado no quiere
quedarse al margen, para ello crea la cuenta de formación. Una
especie de listado asociado a cada trabajadora mediante su número de
la Seguridad Social y en el cual vendrán reflejadas todas esas
experiencias formativas que le componen, reduciendo a la trabajadora
a los conocimientos productivos que posee y obviando toda la serie de
experiencias formativas más allá del trabajo.
Estos
planes de formación, debido a que ya son más ambiciosos, se abren
para su elaboración al mercado de la formación, un sector muy en
auge. El cual junto a los poderes públicos, sindicatos y patronal
realizarán el “subsistema
de formación profesional para el empleo”.
Por tanto, de la formación se encarga, no el Gobierno o los agentes
sociales, sino que se implementa un modelo de gobernanza en el que
son actores público, semi públicos y privados los encargados de
gestionar un modelo de formación que responda a los intereses
generales. Es una organización encaminada a tratar de encauzar esa
ilimitada red de conocimientos actualmente existente y dirigirla a la
producción desde todos los sectores (mediante representación) de la
población.
Frente
a esto se plantea una duda, cómo podrá ejecutarse que las
trabajadoras pierdan media semana al año para formación en un país
donde los empresarios son tan cerrados de miras respecto a los
períodos formativos y de permisos. En este sentido, si está
formación tiene financiación pública, lo cual está por definir
cómo se estructura dado que la financiación se desarrollará
después mediante reglamento (pero pudiera ser que todas tuvieran
financiación pública), la empresa se podrá acoger a un plan por el
cual se cubran estos puestos con trabajadoras desempleadas, las
cuales (aquí está la novedad, dado que antes podían) no podrán
denegar dicha oferta de empleo (o pierden el subsidio). Por tanto las
desempleadas son utilizadas como parches temporales para las empresas
en contrapartida a este crédito horario, garantizando así la
producción frente a los derechos de las trabajadoras de aspirar a un
trabajo que no dure 20 horas al año.
Continuará...
Equipo Legal de Juventud Sin Futuro
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